Desde el Ministerio del Interior informaron el pasado viernes de que las fuerzas de seguridad emitieron hasta 9.497 nuevas propuestas de sanciones sólo el jueves, además de las más de 600.000 que se han emitido desde que se declaró la alerta. Esta enorme cantidad de multas ha llevado a voces a hablar de un uso excesivo de este recurso. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para determinar si está actuando “correcta y proporcionalmente”.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, dio a conocer su iniciativa el viernes, señalando que ya ha solicitado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska toda una serie de datos sobre las multas que manejan los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las instrucciones que han recibido al respecto. “El objetivo es llevar a cabo un análisis general del régimen de sanciones durante la alerta para verificar que se ha aplicado de manera correcta y proporcionada”, dijo en una declaración, añadiendo que también había hecho tres recomendaciones al Secretario de Estado de Seguridad sobre “la protección de los ciudadanos contra las restricciones legales”. Entre ellas figura la redacción de instrucciones internas que especifican en qué casos no se pueden sancionar determinadas actividades de los ciudadanos. Aunque todavía no ha recibido una respuesta.

La acción del Defensor del Pueblo se produce después de que algunos fiscales, subdelegaciones del gobierno, abogados, ONG y la propia Fiscalía hayan expresado dudas sobre el sistema de sanciones establecido por Grande-Marlaska. El Ministro del Interior ha ordenado a los funcionarios aplicar la ley de seguridad ciudadana contra todos aquellos que escapen del confinamiento. Por ejemplo, se impondrán multas de 601 euros por “movimiento ilegal”, con multas de hasta 2.000 euros si los oficiales creen que el autor las ha “ignorado”.

En este caso, según un memorándum del Ministerio del Interior firmado por Marlaska, el simple hecho de estar en la calle sin motivo alguno ya se considera una infracción administrativa por ignorar las medidas dictadas por el gobierno en estado de alerta, que ha sido “ampliamente difundido” por la prensa y el BOE. Tesis que es rechazada por algunos abogados y por el Ministerio Público, que señala en un informe que la ley exige que el ciudadano que va a ser multado debe haber sido advertido personalmente de antemano.

“Las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo deben imponerse a quienes se reconozca que han ignorado las indicaciones del estado de alerta y que, además, se nieguen a atender una solicitud explícita e individualizada de las autoridades”, subraya el colectivo del Defensor del Pueblo, que reúne a abogados y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Carlos Viader, juez penal y miembro de la Comisión Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también señala: “Si la desobediencia a una norma fuera una violación de la desobediencia, todo sería así. Hay una cuando un policía te da una orden y la obedeces de manera olímpica”.

Un interrogatorio que no se detiene ahí. La delegación del Gobierno en Madrid también ha decidido consultar al Ministerio Público sobre el asunto, tal y como se indica en una nota informativa interna de la Dirección General de Policía del 24 de marzo, en la que se añade que varios “actores”, como la Fiscalía de Benidorm y la Subdelegación del Gobierno de Alicante, dudan de que la ley mordaza pueda aplicarse tal y como está en la actualidad: “Bueno, eso implicaría la necesidad de una advertencia previa”, advirtieron.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio del Interior sostiene que la publicación del decreto en sí es esta “condición previa” y también subraya que las fuerzas de seguridad actúan siempre con “proporcionalidad”. Esta crítica al plan de multas, sin embargo, se suma a algunos ataques policiales denunciados, aunque el ministerio considera que son sólo casos residuales. Sin embargo, este uso abusivo de la fuerza ya ha sido puesto sobre la mesa por Unidas Podemos dentro del gobierno, según fuentes cercanas al poder ejecutivo.

Los sindicatos de policía y las asociaciones de defensa civil, por su parte, defienden las acciones de los oficiales. Pablo Pérez, portavoz de la policía judicial, niega que las patrullas sean estrictas con los ciudadanos: “Lo primero que hacemos es involucrarnos”