Madrid y otros nueve municipios fueron cerrados el viernes pasado para detener la expansión de Coronavirus.
No obstante, se trata de un cierre que, por el momento, no conlleva consecuencias para quienes decidan no cumplir. Las autoridades sólo pueden informar a los infractores pero no castigarlos, ya que los tribunales aún no han ratificado estas restricciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe ahora dar luz verde a estas restricciones. Tras publicarlas en su boletín oficial el pasado viernes por la tarde, la Comunidad remitió ayer el informe en el que sus juristas solicitaban al TSJM la aprobación de las medidas, aunque el Gobierno regional se negó a hacer público su contenido.
Así comienza un plazo de tres días para que la octava cámara administrativa delibere y dé su aprobación, aunque fuentes del propio juzgado dicen a los 20 minutos que esta decisión llegará el miércoles.
El propio TSJM debe comunicar si acepta o no la suspensión inmediata de las medidas solicitadas por Vox Madrid el pasado sábado. En su recurso, Rocío Monasterio dijo que las restricciones «tienen la apariencia de ser más políticas que científicas» porque:
«ni el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ni, por tanto, la orden del Ministro se refieren en sus textos a un estudio científico concreto que justifique la adopción de estas últimas»
Sin embargo, la Audiencia Nacional ya se negó ayer a suspender temporalmente la entrada en vigor de las medidas. Así, rechazó la apelación de un abogado privado que había solicitado medidas provisionales, diferentes de las solicitadas por la Comunidad, porque el tribunal no evalúa el fondo del asunto cuando se solicitan las primeras, sino si el caso es especialmente urgente, lo que rechazó.
