El Gobierno de Rajoy establece otro récord, 43 leyes bloqueadas en un año.

La dictadura disfrazada del Partido Popular

Se puede querer disfrazar o se puede uno aferrar a la idea de que vivimos en una democracia, pero eso no es así, al menos desde que Mariano Rajoy ocupa el Gobierno del país.

 

El PP ha establecido un récord de vetos del Gobierno a las propuestas de los demás partidos. Rajoy ha frenado 43 leyes en un año bloqueando sistemáticamente el trabajo del Parlamento desestimando proposiciones de ley por motivos económicos y taponando en la Mesa del Congreso el recorrido de iniciativas ya aprobadas. En lo que llevamos de legislatura, la Cámara baja sólo ha aprobado dos leyes.

 

El Gobierno de Mariano Rajoy es el Ejecutivo que más iniciativas legislativas ha vetado en la historia de la democracia española. Un récord que ha conseguido tras frenar 43 proposiciones de ley de grupos parlamentarios y asambleas autonómicas en poco más de un año de legislatura. Según datos del Portal de Transparencia del Congreso, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero paralizó 27 iniciativas mientras que el anterior, de José María Aznar, nunca vetó leyes de la oposición. El equipo de Felipe González bloqueó 22 y los gobiernos de UCD, 23.

 

El PP al no contar con una mayoría holgada en el Congreso que le permita frenar con sus votos el debate de iniciativas con las que esté en desacuerdo, se ha especializado en el uso del veto, que viene a ser el “ordeno y mando” de toda la vida. En la anterior legislatura, no tuvo necesidad de utilizar este sistema, contaba con mayoría absoluta y entonces batió otro récord, el de legislar por decreto medidas de carácter urgente y, la mayoría de ellas, contra la crisis, con la aprobación de 73 decretos-ley sobre un total de 143 proyectos de ley.

 

En lo que va de legislatura, se han presentado 151 proposiciones, pero el Congreso sólo ha podido sacar adelante dos leyes, por supuesto una de ellas fue la de Presupuestos de 2017. A fecha de hoy tiene siete en tramitación. En este tiempo, el Gobierno ha aprobado 21 decretos-ley, de manera que el Poder Ejecutivo se convierte en el origen de la mayor parte de la actividad legislativa que, como denuncian los grupos de la oposición, está "sistemáticamente bloqueada".

 

El primer requisito para que las proposiciones de ley que se registran en el Congreso sean debatidas es contar con el visto bueno del Gobierno, que tiene capacidad para vetar las que, en su opinión, supondrían “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”, según reza el artículo 134 de la Constitución.

Estos son los argumentos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esgrime para paralizar el recorrido de leyes con objetivos tan dispares como ampliar los permisos de paternidad, suprimir las tasas judiciales, reactivar la ley educativa, universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública, compensar a las víctimas del amianto, aumentar la prestación por hijo a cargo, subir las pensiones, fomentar el autoconsumo eléctrico, cerrar progresivamente las centrales nucleares, reconocer jurídicamente a las víctimas de la dictadura o apoyar a los emprendedores.

 

Esta obstrucción, supone una traba continuada a la labor del Poder Legislativo, aunque ha sido justificada por Rajoy, que ha asegurado que el Ejecutivo “no veta porque sí” sino porque “la aprobación de estas leyes hubiera supuesto "un incremento de 3 puntos en el déficit público" cifrado en 30.000 millones de euros.

 

Unidos Podemos presentará este martes una proposición de ley para acotar el poder del Gobierno a la hora de anular iniciativas recurriendo siempre a sus argumentos presupuestarios y evitar que el Ejecutivo siga “imposibilitando que los grupos parlamentario cumplan su función”, afirmó recientemente la portavoz del grupo confederal, Irene Montero.

La iniciativa de Unidos Podemos busca reformar los artículos 111 y 126 del Reglamento del Congreso para obligar al Gobierno a comunicar "de forma expresa y suficientemente motivada" su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley y que ésta únicamente se pueda vetar si afecta "exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso". Una vez que la Mesa reciba el escrito del Gobierno, podrá "examinar y valorar" tanto los requisitos formales como la motivación aportada por el Ejecutivo para decidir si acepta o se opone a su disconformidad. Además, la Mesa, motu propio o a petición de los grupos, podrá requerir al Ejecutivo información adicional sobre su veto. Según la reforma que propugna Unidos Podemos, la Mesa también podría pedir un informe a la Oficina Presupuestaria de las Cortes sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión.

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