El Gobierno aplica el 155 en Cataluña por "desobediencia rebelde.

Cataluña deja de ser una Comunidad Autónoma al aplicar el 155

El Gobierno justifica la aplicación de algunas medidas contempladas en el artículo 155 de la Constitución por “la desobediencia rebelde, sistemática y consciente” del Gobierno de la Generalitat a las leyes y además por el hecho de que sus actuaciones “atenten gravemente” contra el interés general de España.

 

Así lo expone el Consejo de Ministros que ha analizado la situación en Cataluña y lo ha anunciado este sábado el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.Este Consejo ha decidido la aplicación de varias medidas para hacer frente a los planes de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

 

El Gobierno justifica la aplicación del artículo 155 en primer lugar en que la comunidad autónoma no ha cumplido con las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen y en segundo lugar que el Gobierno catalán ha actuado de forma que atenta gravemente al interés general de España. El Gobierno recuerda que el artículo 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.

 

El Ejecutivo remarca el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat que han puesto en marcha un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España".

 

Para el Gobierno, los anhelos soberanistas "no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes, ni pueden "traducirse en un discurso único de imposición de la independencia" como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido. Hace hincapié en el "profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana" que están poniendo en "riesgo" los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad. Esto está provocando un "creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones". Además, el Ejecutivo central insiste en que los gobernantes de Cataluña no han respetado "ni la legalidad ni el interés general al que responden las leyes".

 

"Las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades y respondiendo a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar derechos y libertades de todos los catalanes". El Gobierno afirma que el objetivo de las medidas que se van a aprobar es "asegurar la neutralidad institucional" para que el principio rector de las instituciones sea el interés general. Considera en este sentido que la Generalitat "ha obviado" el interés general de los catalanes "en favor del ideario independentista de una parte de ellos".

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