La denegación de financiación pública a fármacos ya aprobados por las agencias reguladoras es uno de los problema de acceso a nuevos tratamientos contra el cáncer

2.500 casos de cáncer sin tratamiento por falta de financiación pública

Aproximadamente 2.500 pacientes con cáncer en España no tienen acceso a nuevos tratamientos antitumorales que, pese a estar aprobados por las autoridades europeas, no cuentan aún con financiación pública. Estos son los resultados de un trabajo presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica que se celebra en Madrid.

 

La denegación de financiación pública a fármacos ya aprobados por las agencias reguladoras es uno de los problema de acceso a nuevos tratamientos contra el cáncer que se está analizando en este congreso al que asisten 23.000 profesionales sanitarios.

 

En ese sentido, un estudio que analizó las decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido) y Canadá indica que más de 200.000 pacientes podrían verse afectados por este tipo de restricciones, unas 2.500 en España, según calculan.

 

La autora principal de este trabajo, Jan McKendrick, ha matizado que puesto que en España las decisiones sobre empleo de nuevos medicamentos recaen en las comunidades autónomas, los datos nacionales solo son útiles a título orientativo y es probable que en algunas comunidades las restricciones sean aún mayores.

 

Los autores evaluaron las decisiones de las autoridades sanitarias de cada país en cuanto a financiación pública de medicamentos indicados para seis tipos de tumores (mama, riñón, pulmón, mieloma múltiple, melanoma y próstata) entre los años 2006 y 2016 y de acuerdo con sus resultados, el 34 por ciento de las evaluaciones que llevan a cabo las autoridades nacionales para decidir si pagarán o no una nueva terapia con cargo a las arcas públicas acabaron en la imposición de restricciones, totales o parciales, en el acceso a medicamentos en los centros públicos.

 

McKendrick opina que no depende únicamente de la situación económica de cada país. "En algunos casos, las razones están claras -por ejemplo, Reino Unido realiza evaluación de coste/efectividad a través de un órgano estatal independiente- pero hay muchos países que no hacen públicos sus motivos".

 

En el estudio también se identificaron las decisiones de cada país en cuanto al reembolso o financiación pública de esos medicamentos por parte de las autoridades sanitarias, y por ello advierten de que las decisiones sobre financiación pública están fragmentadas y tienen como consecuencia restricciones que varían en cada caso e impiden el uso de medicamentos eficaces en pacientes que podrían beneficiarse de ellos.

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