Lidia y Santi, la pareja desahuciada con cuatro hijos menores, llevan ya50 días acampados frente a la Junta de Carabanchel esperando una solución habitacional que les satisfaga, ya que han eludido las alternativas manejadas hasta ahora. Su voluntad es mantenerse allá hasta que desde el Ayuntamiento o la Comunidad se les facilite una vivienda social pública a la que puedan hace frente con sus escasos ingresos.

La pareja consiguió entrar en la lista de espera para una vivienda pública, aunque aún no han tenido respuesta. Además, se entrevistaron con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, quien aseguró más tarde en el Pleno municipal, que fue interrumpido por la pareja, que la “solución” la tenían a su disposición.

La primera solución tras el desahucio pasó por el el SAMUR Social, que les cedió dos habitaciones en un albergue hostal en Vallecas. Pero la solución era temporal ya que, a los seis días de instalarse allí, Lidia y Santi aseguraron que fueron conminados a abandonar el hostal porque había gente con más necesidades que ellos cuando, según narran ellos mismos, son un matrimonio con cuatro menores con los dos adultos desempleados y cobrando únicamente la Renta Mínima de Inserción (RMI).

La Asamblea de Carabanchel asegura que han realizado “numerosas” visitas a su trabajadora social, y han reclamado soluciones en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), así como en la sede del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), “indignada por esta nueva desgracia motivada por la falta de vivienda”, ha exigido al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad una “solución justa y urgente” para la familia, un alquiler social en una vivienda pública.

La concejal presidenta de Carabanchel, Esther Gómez, aseguró que entiende “absolutamente” a la familia, y que tanto ella como el Consistorio estarán “a su lado buscando soluciones” pero que “lamentablemente” los recursos de los que dispone el Ayuntamiento no son los que querrían. Desde el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento se reconoce una lista de espera para obtener vivienda pública de 14.000 solicitudes, 8.000 de ellas de urgencia extrema como el caso de Lidia y Santi.

Ante los “escasos avances” de la pareja, la abogada de la PAH Alejandra Jacinto ha señalado que están valorando “emprender acciones legales” por la “falta de actuación de la Comunidad y del Ayuntamiento”. Jacinto ha asegurado que la ONU ha “condenado a España” por la misma situación “en la que están Lidia y Santi”. “Entendemos que España ha sido condenada, y va a tener que volver a ser condenada por este caso”, ha criticado.

Lidia y Santi, 50 días acampados en la calle buscando una salida a su desahucio
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