El ex presidente de la Generalitat Artur Mas aseguró que toda la organización del 9N corrió a cargo de los voluntarios y que él se limitó a ser el ideólogo. De esta forma intentó descargar la responsabilidad para evitar una condena en el juicio por el 9N.

La Generalitat se tapa el culo y arriesga el patrimonio personal de funcionarios por el 9-N

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el juicio por desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir el 9-N, el ex presidente de la Generalitat Artur Mas aseguró que toda la organización corrió a cargo de los voluntarios y que él se limitó a ser el ideólogo del proceso participativo. De esta forma intentó descargar la responsabilidad para evitar una condena, aunque finalmente no lo consiguió y fue inhabilitado para ejercer cargo público.

Ahora la Generalitat ha copiado la misma estrategia de eludir cualquier compromiso en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas por posibles responsabilidades contables en el 9-N, aunque para ello ha dejado expuestos a los funcionarios que autorizaron las partidas presupuestarias. Que responderán con su patrimonio personal a cualquier condena y correspondiente multa o indemnización que impongan los jueces. Esta decisión sienta un precedente para las personas que firmen documentos públicos relacionados con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre que se verán solas ante los tribunales y deberán afrontar toda la responsabilidad.

 

El pasado 18 de mayo, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron ante el Tribunal de Cuentas una reclamación patrimonial contra los condenados por desobedecer al Constitucional al facilitar el 9-N, Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, a la que se sumaron posteriormente la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los denunciantes sostienen que los ex cargos del Govern condenados pudieron malversar fondos públicos al destinar unos 5,1 millones de euros a este proceso participativo y que lo hicieron aprovechando su superioridad jerárquica sobre el personal de la administración. Sin embargo, la denuncia no cerraba la puerta a reclamar esta responsabilidad contable también a funcionarios que habían colaborado en la toma de decisiones sobre el 9-N.

 

En un escrito presentado por los letrados de la Generalitat, estos detallan que “los gastos vinculados inicialmente a la consulta y con posterioridad al proceso participativo estaban previstos en las partidas presupuestarias y fueron intervenidos y aprobados” por estos funcionarios. Incluso en los expedientes aportados al Tribunal de Cuentas se remarca que los expedientes de contratación tenían “el correspondiente certificado de existencia de crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria” y desde el Departamento de Presidencia se insiste en que “todos los gastos cuestionados y que han originado este procedimiento se encuentran plenamente justificados y fueron legalmente contraídos”.

 

La ley que regula el Estatuto de la función interventora en Cataluña indica que “corresponde a la Intervención General de la Administración de la Generalitat, como centro de control interno, la intervención y fiscalización previa de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir gastos” por lo que son estos funcionarios los que deben garantizar la legalidad de estas adjudicaciones. Según fuentes jurídicas los interventores deberían haber paralizado la tramitación de estos expedientes de contratación del 9-N si hubieran observado alguna insuficiencia presupuestaria y deberían haber dejado constancia de la posible irregularidad.

La Generalitat detalla que los informes de la intervención son favorables a los gastos de este proceso participativo, lo que justificaría las decisiones políticas tomadas para permitir las votaciones. Pese a esto, las fuentes consultadas creen que lo que puede servir para proteger a quienes ordenaron los gastos, también podría comprometer a los altos funcionarios que no pusieron ninguna objeción para su aprobación, tal y como se interpreta de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

 

Esta normativa detalla que la autoridad o funcionario que por acción u omisión contraria a la ley origine el menoscabo del erario público está obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados, por lo que esta responsabilidad patrimonial puede afectar a los interventores de la Generalitat, que no tienen una dependencia jerárquica y que autorizaron estos gastos. El decreto de convocatoria del 9-N que firmó Mas el 27 de septiembre de 2014 indicaba, en su memoria económica anexa, que el dinero para las votaciones saldría del presupuesto del Departamento de Gobernación de ese año. El Constitucional suspendió este decreto del ex presidente en su totalidad dos días después.

 

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