Guillermo García-Panasco Morales cuenta entre sus méritos con dos sentencias afirmando que vulneró derechos fundamentales de una magistrada y candidata a unas elecciones generales por indicaciones del exministro José Manuel Soria. 

El fiscal sentenciado por vulnerar los derechos de la jueza Rosell, premiado con un ascenso

-Guillermo García-Panasco Morales cuenta entre sus méritos con dos sentencias afirmando que vulneró derechos fundamentales de una magistrada y candidata a unas elecciones generales por indicaciones del exministro José Manuel Soria. 

-El fiscal García-Panasco actuó de manera ilegal contra la juez en excedencia Victoria Rosell, diputada de Podemos, y transgredió la neutralidad exigida a las instituciones del Estado en campañas electorales al abrir unas diligencias preprocesales por presunta infracción disciplinaria e informar de ellas a la opinión pública en diciembre pasado, en plena cita electoral del 20-D según sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la magistrada en excedencia contra la investigación de la Fiscalía.

-La sentencia del TSJC deja claro que la Fiscalía no tiene competencias para iniciar, instruir y resolver un procedimiento disciplinario contra un juez o magistrado, “dado que se deduce directamente de principios y preceptos constitucionales, que enraízan directamente con la independencia del Poder Judicial, garantía indisoluble del Estado de Derecho”.

-A pesar de ello, actuó contra la juez candidata de Podemos al recibir el 23 de noviembre pasado “un sobre anónimo” en el que figuraba un contrato con fecha de 26 de octubre de prestación de servicios de la empresa de su pareja, Carlos Sosa, con la Productora de la U.D. Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, estaba incurso en una instrucción en el juzgado de la que fue titular hasta que solicitó su baja el 15 de octubre para presentarse a las elecciones.

-Desde ese momento y hasta que la Fiscalía remitió sus pesquisas ilegales al Poder Judicial, el 11 de diciembre al mismo tiempo que el TSJC emitía un auto ordenando paralizar las actuaciones de manera cautelar, el Ministerio Público llamó a declarar a testigos, recabó información bancaria sobre operaciones entre las empresas que habían suscrito el contrato y finalmente emitió un comunicado público, tras saltar el asunto a los medios de comunicación, en el que confirmaba las diligencias.

-A pesar de todo lo anterior, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza no lo cesa ni le exige su dimisión sino que lo premia llevándoselo a Madrid a ocupar la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado en contra de cualquier criterio racional y sin mostrar el más mínimo respeto por la institución que dirige o por los ciudadanos.

 

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