España se pone en ridículo ante el CIADI o como empeorar para uno mismo de todas las maneras posibles un proceso de arbitraje.

Planta de generación termosolar.

Planta de generación termosolar.

España ha perdido el primero de los casi 30 arbitrajes internacionales a los que se enfrenta por las renovables, 128 millones de euros que pagaremos los ciudadanos. Primero por un Gobierno que cambia las reglas del juego a su antojo para complacer a las eléctricas y segundo por su incompetencia para defenderse ante un tribunal internacional.

Si no fuese por el coste que va a suponer a España, podría resultar incluso cómico, una historia rocambolesca de como empeorar de todas las maneras posibles algo que se ha hecho mal a conciencia desde el principio. Pero la "broma", va a tener un coste y el primer pago van a ser 128 millones de euros que no van a pagar los responsables de semejante disparate sino los ciudadanos.

España ha perdido estrepitosamente el primer proceso de arbitraje internacional por el recorte a las renovables en el que el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha dejado en vergüenza al Estado, abogados del mismo, peritos y al mismo Mariano Rajoy.

La "primera, en la frente", nada más iniciarse el proceso, España presentó varias alegaciones negando al tribunal de arbitraje del Banco Mundial jurisdicción para decidir sobre el asunto (parece que en un intento de caer mal desde el principio) recibiendo incluso esta "bofetada" al Gobierno Español por parte del tribunal: "se debe entender que los redactores de tratados llevan a cabo su función de buena fe, y que no establecen trampas para los incautos con significados ocultos y exclusiones implícitas de amplio alcance".

Los abogados del Estado lo intentaron incluso con la "peregrina" idea de que cualquier indemnización sería una ayuda estatal contraria al derecho europeo. (sic)

Y ya puestos a ir a perder a costa de lo que fuese, España incluso se negó a que la Comisión Europea participase en el proceso como amicus curiae o parte no contendiente dispuesta a apoyar a España en el proceso, pues el Estado se negó a asumir los costes que esta intervención podría suponer.

Peritos presentados por España "poco convincentes" frente a "informes completos y profesionales" presentados por los expertos de la parte demandante.

Cambios a última hora de estrategias y planteamientos a la desesperada de los abogados del Estado.

Testigos presentados por España con nula credibilidad al contestar si, no o tal vez a la misma cuestión.

Incluso el árbitro nombrado por España tuvo que terminar dando la razón a la parte demandante ante una mentira descarada. Los abogados españoles, pidieron al tribunal que rechazase la reclamación diciendo que los demandantes no cumplieron el requisito previo a una reclamación de estas características de solicitar una negociación y esperar tres meses antes de acudir a un arbitraje. Ante esta afirmación, el tribunal señala que si hubo intentos por negociar, pero que las cartas, quedaron sin respuesta. Los demandantes a través de sus abogados remitieron una primera carta en inglés el 26 de abril de 2013 que solo recibió como respuesta la solicitud de que se tradujera y que se aportase "el documento redactado en castellano". Así lo hicieron aportando la traducción en otra carta fechada el 15 de mayo de 2013 y aún enviaron una tercera misiva en inglés y español el 30 de julio para intentar llegar a una solución negociada amistosa. Ninguna misiva recibió respuesta salvo la vergonzosa petición de traducción del texto de la primera carta. Con esos hechos, el tribunal considera "irrazonable" que el Gobierno diga que el demandante no intentó llegar a un acuerdo antes de acudir al arbitraje.

Los abogados del Estado, ya puestos, llegaron a cuestionar que los inversores hubieran realizado realmente la inversión en sentido objetivo, esto es, que aportaran fondos, incurrieran en riesgos y llevaran a cabo una inversión a largo plazo, es decir, que no eran auténticos inversores, Y también alegaron que como accionistas minoritarios, no podían reclamar. Alegaciones que evidentemente el tribunal también rechazó.

Otro de los factores en contra de España, fue el repentino cambio de estrategia de defensa de los abogados. A finales de 2015 "introdujeron una línea de defensa completamente nueva" y "en forma tardía", según el laudo. De repente, España pasó a sostener que las plantas termosolares en que habían invertido los demandantes tenían una potencia de más de 50 megavatios y por tanto no podían acogerse al régimen especial de primas. Pero los demandantes contestaron con toda lógica que el Gobierno había admitido sin trabas la inscripción de las plantas, que lo que cuenta es la potencia nominal que consta en la placa de características, con independencia de que en algún pico se pueda superar ligeramente esa potencia, y que las inspecciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) confirmaron que los equipos cumplían los requisitos del régimen especial. Además, criticaron que España presentase solo un dato de una única hora de máxima producción en un rango de 12.000 horas de operación.

El Gobierno español aportó como testigo al director de energías renovables del IDAE, Alfonso Olivas. Cuando le preguntaron sobre los informes de la CNE y la CNMC, dijo que estaban "sencillamente equivocados". Pero al repreguntarle si había leído realmente los informes "brindó un testimonio inconsistente", según el tribunal, "declarando de diversas maneras que había, que no había o que tal vez había leído los informes". Los abogados demandantes le pillaron en otro renuncio al cuestionar la calidad de los datos que aportaba. Olivas se quejó: "Si no me dejan entrar en la planta", dijo, tenía que utilizar cualquier información que estuviera disponible. Pero tuvo que acabar reconociendo que en realidad ni siquiera había solicitado el acceso a las plantas. Y, curiosamente, fue otro perito propuesto por España el que acabó convenciendo al tribunal de que España no tenía razón en este asunto, según el laudo. La nueva estrategia de defensa condujo así a un callejón sin salida.

Así las cosas, para el tribunal quedó claro que "España eliminó un régimen regulatorio favorable" otorgado a los demandantes para alentar su inversión y lo "reemplazó luego por un sistema normativo sin precedentes y totalmente diferente, basado en premisas totalmente diferentes". Y añade: "Este nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión". Toda esta parte del laudo es la que supone una mayor preocupación para España, pues sus conclusiones pueden servir de precedente para otros casos.

En esa línea, el tribunal señala que el TCE daba a los demandantes "derecho a esperar que España no modificaría, de manera drástica y abrupta, el régimen del que dependía su inversión, de una forma que destruyera su valor". La obligación de otorgar trato justo y equitativo no prohíbe algunos cambios apropiados, pero es incompatible con "alterar radicalmente" los regímenes regulatorios. El "nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo". Los árbitros consideran que España “cruzó la línea y violó la obligación de otorgar trato justo y equitativo en junio de 2014, cuando el régimen regulatorio anterior fue reemplazado definitivamente por un régimen completamente nuevo". Por eso, recuerda el tribunal, no son comparables los recortes que ya acometió el Gobierno socialista en 2010, sobre los que España ganó un primer arbitraje, con los de 2013-2014.

El tribunal cuestiona que el nuevo régimen regulatorio esté basado en los costes hipotéticos de una hipotética planta eficiente, es decir, tiene serias reservas sobre el eje de la reforma de las renovables. El testigo que aportó España, Carlos Montoya, director del departamento solar del IDAE, tampoco convenció al tribunal. Según el laudo, "Montoya admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso", dio alguna respuesta ambigua y mostró "una evidente falta de conocimiento" sobre los acuerdos de financiación usados para construir plantas solares.

 

La única victoria que se pueden atribuir España en este proceso, es en lo relativo al impuesto del 7% a la generación de energía. Los abogados del Estado señalaron que los impuestos no pueden ser objeto de arbitraje y el tribunal les dió la razón en este único punto.

 

En definitiva, España deberá pagar a los demandantes 128 millones de euros más intereses (un 2,07% desde el 20 de junio de 2014 hasta la fecha del laudo y un 2,5% desde el laudo hasta la fecha de pago) por el recorte a las renovables en sus plantas de enrgía termosolar y sale muy mal parada en el laudo que descalifica contundentemente la reforma emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy y sienta un muy mal precedente para los 26 procesos de arbitraje que están pendientes.

 

Según los datos aportados al tribunal, España cifra sus gastos legales en este proceso en 2.88 millones de euros (sic) a los que hay que sumar el 50% de las costas del arbitraje (956.160 dólares) que se reparten entre las dos partes.

 

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