Contradice su propia doctrina de la "pasividad" y condena a su ex marido a pagarle 421 euros al mes de forma indefinida a pesar de que ella ni se ha inscrito como demandante de empleo ni ha realizado ningún curso de formación para acceder a uno.

El Supremo otorga una pensión indefinida a una divorciada por las dificultades del mercado laboral

El Tribunal Supremo contradiciendo su propia jurisprudencia, ha alargado sin fecha la pensión de divorcio de 421 euros que M.I.C.M., una mujer de 57 años sin estudios viene recibiendo de su ex marido desde 2003.

 

M.I.C.M. estuvo casada 23 años, desde 1980 hasta 2003 cuando decidió con su ex marido divorciarse de mutuo acuerdo. En ese momento pactaron que su ex marido le pagaría una pensión mensual de 421 euros calculada en base a que durante el matrimonio, ella se había dedicado al cuidado del hogar, la crianza de su hija, carecía de estudios y sus problemas de salud (ansiedad y taquicardias) que le dificultaban su acceso al mercado laboral.

A finales de 2014 el ex marido presentó una demanda de divorcio en la que reclamaba la extinción de la pensión alegando que esta “no tenía vocación de vitalicia o indefinida” y que se fijó “en el convencimiento de que la esposa se iba a incorporar al mercado laboral en 4 ó 5 años” y que en los once años transcurridos desde la separación ella “había tenido tiempo suficiente para superar total o parcialmente el desequilibrio económico” causado por la ruptura.


 

La mujer alegó que su situación laboral y formativa no había cambiado y que además su salud había empeorado con el diagnóstico de una insuficiencia cardiaca y además padeció un cáncer de riñon (del que ya había sido dada de alta). A la vista de lo cual el juez de Primera Instancia le dio la razón al concluir que se trataba de un pago indefinido y que persistían los motivos que lo originaron.

Al recurrir el ex marido la sentencia ante la Audiencia de Zaragoza, esta anuló la pensión aplicando la llamada doctrina de "la pasividad", esto es: “sólo puede llegarse a la conclusión global de la falta de interés de la demandada en conseguir sus propios ingresos a fin de superar el desequilibrio económico que sufrió tras la ruptura conyugal”, ya que no consta como demandante de empleo en el Inem ni ha realizado cursos de formación en todo ese tiempo, por lo que “no resulta jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso a un empleo por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención”.

El tribunal provincial, destaca que su hija ya está emancipada, que ella ha sido dada de alta del cáncer, “pudo tener justificación inicial a raíz de la operación de 2012, pero ninguna acreditada al menos desde el control de marzo de 2014” y que además de buscar trabajo, puede “rentabilizar la explotación de los bienes inmuebles” que heredó de su padre: la mitad de la casa en la que vive su madre. M. I. C. M. vive de alquiler en otro piso.

El Supremo, sin embargo, ha contradicho su propia jurisprudencia al considerar “ilógico o irracional” el criterio de la Audiencia Provincial y le ha devuelto la pensión. A la mujer no se le puede reprochar “desidia en la búsqueda de empleo, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades que tiene el mercado laboral para personas de esa edad”.

La abogada del ex marido, Xenia Cabello, mostró su sorpresa por el cambio de criterio del Supremo, el cual, desde que el Código Civil estableció en 2003 la posibilidad de limitar temporalmente las pensiones de divorcio, mantenía que es el beneficiario quien debe acreditar que intenta superar el desequilibrio económico que le causa la ruptura.

Quien cobra la pensión debe probar que busca trabajo, porque lo contrario supondría crear una carga de por vida para el otro cónyuge, pero el Supremo no ha entrado a valorar la doctrina de la pasividad que aplicó la Audiencia”, explica.

 

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