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A pesar de todas las movilizaciones de la Marea Blanca contra el proyecto privatizador de las donaciones de sangre impulsado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid del PP en 2013, el entonces consejero de Sanidad, el polémico y ya dimitido Javier Fernández-Lasquetty, logró salirse con la suya y hacer realidad el 1 de enero de 2014 el convenio por el que se desmantelaba el servicio público en las calles y se transfería a Cruz Roja: un negocio, el de la sangre, que ha resultado muy lucrativo para la entidad, que recibe 67 euros de dinero público por bolsa de sangre donada recogida.

Desde entonces, la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), que antes del acuerdo se encargaba de las campañas externas de la colecta, inició una batalla legal contra el convenio que ahora, dos años y medio después, busca llevar hasta el Tribunal Supremo.

Adecetma denuncia que el gasto total para las arcas públicas desde la firma del acuerdo es ya de 20 millones de euros, cuando antes del convenio el Centro de Transfusión público lo hacía sin gasto alguno. A la finalización del convenio, que tiene seis años de vigencia, la Cruz Roja podría llegar a percibir en torno a 52 millones de euros, según las estimaciones de la asociación, que incluye en el cálculo los” 8 millones de euros que la Cruz Roja recibe en material por parte de la Comunidad de Madrid”, que no está valorado en el documento oficial firmado.

La privatización de la sangre
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